LIBERAN ACCESO A PLAYA DE TENACATITA TRAS DOS AÑOS Y 10 MESES DE BLOQUEO
• El ex gobernador Emilio González despojó a los ejidatarios en beneficio del empresario José María Andrés Villalobos
Momento en el que los efectivos de la Fiscalía General retiraron la valla que impedía la circulación en la carretera federal 200. Foto La Jornada Jalisco
Analy S. Nuño y Sergio Hernández.-
Este domingo, autoridades estatales liberaron el acceso a la playa de Tenacatita, luego de dos años y 10 meses en los que estuvo bloqueado el paso –tomando un tramo de la carretera federal 200– por parte del empresario José María Andrés Villalobos y apoyado en su momento por la administración de Emilio González Márquez.
A las 10 horas de ayer, el gobierno estatal concentró a su personal en Melaque, lugar desde donde se trasladaron por tierra hasta la playa de Tenacatita, en el municipio de La Huerta. Ahí procedieron a liberar el ingreso de la carretera número 200, Barra de Navidad-Puerto Vallarta, en el kilómetro 7 del ramal Tenacatita.
De acuerdo con información del gobierno del estado, el operativo transcurrió sin incidentes.
“Los agentes notificaron al personal de seguridad que se encontraba en la garita de acceso que a partir de ese momento se liberaba el acceso carretero, con independencia de los procedimientos legales que existen”, señala el comunicado del gobierno de Jalisco. “Los agentes procedieron a quitar la garita, las barreras y alambrado del lugar”.
A las 15:30 horas, el ingreso y el derecho de paso quedaron liberados, luego de la obstrucción impuesta el 4 de agosto de 2010.
El comunicado añade que el alcalde de La Huerta, Jesús Julián de Niz Sánchez, firmó un documento compromiso en el que se establece que no otorgará ningun tipo de licencia, autorización o permiso en la zona federal marítima terrestre.
Hasta la noche de ayer, el gobierno del estado no informó sobre las repercusiones jurídicas para Andrés Villalobos, quien, con apoyo del ex gobernador Emilio González Márquez, además de mantener la obstrucción de la vía federal –lo cual es calificado como delito–, cometió una serie de desacatos a resoluciones del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), hecho que también se debe sancionar.
En campaña, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz prometió resolver el problema de Tenacatita y liberar la bahía el primer día de su gobierno. Fue hasta el 24 de mayo cuando Sandoval Díaz regresó a la zona para realizar la instalación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, en La Huerta. Ahí prometió que se instalarían mesas de diálogo para abrir la playa, lo que no agradó a vecinos desalojados por Andrés Villalobos y derivó en una serie de reclamos.
Al finalizar el evento se acercó un lugareño, Fausto Robles, quien le recordó al mandatario su promesa de abrir la playa en los primeros días de su gobierno, habiendo pasado ya tres meses. El gobernador argumentó que elementos jurídicos obstaculizaban la resolución del problema.
“Yo le contesté que no, que era una playa pública, un bien de la nación y que debe estar abierta y no secuestrada, y está secuestrada y eso es un delito federal. Esto es un tema político”, declaró ese día Fausto Robles a medios de comunicación.
En reacción a estos reclamos y a fin de cumplir su promesa, Sandoval Díaz ordenó al secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, y a uno de sus colaboradores más cercanos, Alberto Lamas, sostener una reunión con los afectados por el cierre de la playa.
Ésta se concreto el miércoles pasado, durante la cual, según Zamora Jiménez, los pobladores sólo exigieron la liberación de la bahía. La contraparte no estuvo presente en dicha reunión; aunque el 14 de marzo de este año, durante el cambio de la Mesa Directiva de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, se encontraron Sandoval Díaz y Andrés Villalobos, quienes estuvieron juntos todo el evento.
La bahía de Tenacatita fue “secuestrada” luego de que la madrugada del 4 de agosto de 2010, 150 policías estatales arribaran de manera sorpresiva a la zona para expulsar violentamente a los habitantes del lugar con base en una orden de desalojo emitida por el juez de Cihuatlán, Victoriano González
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